Más de 100 millones de estadounidenses viven, trabajan o van a la escuela dentro de “zonas de vulnerabilidad” en las proximidades de cerca de 12,000 instalaciones químicas de alto riesgo y la mayoría ni siquiera lo sabe. Miles de escuelas, residencias de ancianos y establecimientos de salud también se encuentran dentro de estas zonas de peligro. Las comunidades que viven más cerca de estas instalaciones están desproporcionadamente formadas por personas de color y de bajos ingresos y están a menudo expuestas a múltiples peligros y riesgos para la salud. Muchas de estas instalaciones corren riesgos de padecer inundaciones o eventos climáticos extremos como los huracanes, riesgos que están empeorando debido al cambio climático.

Nuestra coalición ha trabajado durante 10 años en apoyo a las políticas que puedan ayudar a prevenir explosiones o incendios químicos catastróficos que ocurren constantemente a lo largo de los Estados Unidos. En solo una década, hubo más de 1500 explosiones o escapes químicos reportados en estas instalaciones, causando 2 mil millones de dólares de daños sobre la propiedad; evacuación o “refugio en el lugar” de medio millón de personas y 17,099 heridos y 58 muertes.

La administración Biden-Harris tiene ahora la oportunidad de priorizar la seguridad de trabajadores y trabajadoras y de las comunidades en mayor riesgo frente a incidentes en instalaciones químicas. La dirección ahora sería coherente con los antecedentes del Presidente Biden de compromiso con las políticas de prevención de los desastres químicos, tal como lo refleja el testimonio del entonces Senador Biden ante el Comité de Ambiente y Obras Públicas del Senado el 21 de junio de 2007, como lo muestra este video (en inglés).

Fue clave en este testimonio la necesidad de que las instalaciones peligrosas evalúen las tecnologías disponibles más seguras que mejor se adapten para eliminar los peligros de catástrofes y para que sean implementadas cuando fuera posible. Ya se usan ampliamente muchas sustancias químicas y procesos más seguros, numerosos establecimientos han informado que los pudieron implementar con mínimos gastos y algunas han descubierto ahorros y una reducción significativa de su responsabilidad legal. Los senadores Biden y Obama fueron líderes en este tema en el Senado. Juntos impulsaron estas políticas en múltiples leyes. En 2013, la administración Obama-Biden instruyó a la EPA a que desarrollara nuevos reglamentos de seguridad, y algunas mejoras en las políticas se llevaron adelante muy al final de su gobierno que luego fueron anuladas por la administración de Trump.

Ahora, la administración Biden-Harris puede asegurar que finalmente se establezcan nuevas políticas necesarias para proteger a las comunidades y a las y los trabajadores.